Investigación detecta casos de abusos sexuales en albergues de menores en Panamá

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Comisión de la Niñez de la Asamblea de Panamá, de donde salió la subcomisión que investigó los hechos.

Menores de edad y menores con discapacidad conviviendo con adultos en recuperación por abuso de drogas, además de supuestos abusos sicológicos, físicos y hasta sexuales hacia niños y adolescentes que habitan en albergues regentados y supervisados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), fueron denunciados esta semana en la Asamblea Nacional de Panamá.

Una subcomisión integrada por diputadas panameñas, acompañada por técnicos y especialistas en el tema investigó por seis meses varios albergues, donde se habían denunciado abusos a los menores, los que pudieron constatar.

“Muchos de los albergues operan sin permiso de funcionamiento o con permisos provisionales por años, albergando menores sin ningún tipo de consideración, mezclando población femenina y masculina, menores de edad y menores con discapacidad con adultos en recuperación por abuso de drogas”, narró la diputada suplente, Walkiria Chandler.

La denuncia penal será presentada el lunes, 15 de febrero

En el caso de un albergue administrado por pastores protestantes, los niños trabajaban para ganarse su comida, algo que al final no se daba. Además, la pareja religiosa dormía en la misma habitación con niñas que estaban albergadas.

Otras irregularidades detectadas es que varios albergues reciben subsidios y donaciones que al final no se ven, además de carecer de un plan nutricional que se reflejaba en la alimentación que recibían los menores.

“Ojalá se hagan las investigaciones exhaustivas para aplicar sanciones a todos los que han estado inmersos por acción u omisión”, planteó la exdirectora de la secretaría, Idalia Martínez.

La exfuncionaria dijo a VocesEle que esto debe ser así porque muchos de estos menores fueron abandonados y tirados a letrinas y fueron recluidos en esos hogares para recibir protección y no maltratos.

“Te mandan a albergues que supuestamente deben cumplir con la ley, pero si no lo hacen se tiene que investigar y aplicar sanciones”, determinó.

Por su parte, el abogado Alfonso Fraguela, quien aspira al cargo de Defensor del Pueblo planteó que se adolecen de controles que se hacen necesarios, porque estos albergues no pueden quedar a libre albedrío de quienes lo administran.

“Eso puede ser guaridas para hechos punibles hacia estos menores. Es importante que el Estado juegue un rol mucho más controlador y que no se repitan estos hechos”, dijo Fraguela, quien pidió que la investigación tiene que ser nacional y no solo limitarse al informe de la subcomisión legislativa.

La denuncia por estos hechos será presentada el próximo lunes, 15 de febrero, al Ministerio Público, que equivale a la Fiscalía General de Panamá.